Texto: J. E. Iglesias.
Aunque España ha sufrido la peor incidencia de COVID-19 de Europa en determinados momentos de la pandemia, la mayoría de los científicos consultados por Mallorca Global mantienen que el sistema público de salud español sigue siendo de los mejores del mundo y achacan en gran medida a los recortes presupuestarios las deficiencias puestas de manifiesto por la crisis sanitaria. Desde 2009, año de la pandemia de la gripe A, las arcas de la salud pública no han tenido ninguna alegría, sino todo lo contrario, han sufrido un empobrecimiento injustificado que explica ahora las grietas de la estructura sanitaria.
Tanto Ildefonso Hernández, catedrático de Salud Pública y director general del Ministerio de Sanidad entre 2008 y 2011, desde cuyo puesto dirigió en 2009 la lucha contra la Gripe A, como el científico referente en enfermedades infecciosas y colaborador de la Organización Mundial de la Salud (OMS) Sebastián Crespí o el jefe de Investigación de Atención Primaria en Baleares, Joan Llobera, ratifican la mezquindad presupuestaria de la sanidad pública en estos años.
Crespí añade otro hándicap que ha provocado fuertes tensiones en el sistema: “La deslocalización salvaje de la producción de suministros sanitarios esenciales – desde mascarillas hasta respiradores, pasando por la capacidad de testeo o de producción de vacunas- nos ha dejado desprotegidos cuando más lo necesitábamos”.
Joan Llobera aclara que en la primera ola “no se actuó con la celeridad necesaria, aunque las medidas fueron efectivas. Baleares tuvo buenos indicadores en los meses de marzo y abril debido a las restricciones de movimientos, un ejemplo evidente de que de haberse tomado antes las duras medidas de confinamiento, España habría tenido mejores indicadores y el sistema sanitario público no habría estado tan tensionado”.
Ildefonso Hernández vislumbra tres motivos para los malos datos en España: la alta mortalidad en las residencias, como problema fundamental; el tipo de relaciones familiares que se dan en España, y un servicio de salud muy abierto, una ventaja que se puede volver en contra porque es posible que se hubiese contagiado gente vulnerable.
Un doble circuito de pacientes en las islas
Como responsable de investigación de la vanguardia de la sanidad pública, Llobera desbroza la respuesta a la pandemia en las islas: “Para evitar contagios se tuvo que crear un doble circuito de pacientes: los posiblemente infecciosos y los pacientes con otros problemas de salud, evitando al máximo la atención directa. Por necesidades de los centros se suprimió la atención a los pacientes de cupo de cada médico/enfermera. La medida, justificada al principio, ha tenido efectos no deseados. La atención telefónica por parte de un profesional que no es tu referente implica una pérdida de continuidad en la atención, dificulta la toma de decisiones clínicas y supone un mayor riesgo para la seguridad del paciente. El estrés que soportan los profesionales de atención primaria es mayúsculo y es lógico el cansancio y desgaste que padecen”.
“Desde este año estamos doblando los médicos y enfermeras en formación especializada de atención familiar y comunitaria en Baleares, pero hasta dentro de cuatro años no notaremos su impacto”, añade Llobera.
Secuelas sobre la actividad sanitaria habitual
Esta actividad frenética que han tenido estos meses los profesionales sanitarios con las urgencias de la COVID ha desplazado la actividad habitual de los centros de salud, consultas externas y hospitales. Si no colapsado, el sistema ha afrontado un volumen inusitado de trabajo que se nota en la agenda del día a día. “Se están empezando a evidenciar los efectos de retrasos en la atención -sigue el responsable de investigación de Atención Primaria porque el paciente no acudía o no se le facilitaba acudir a los servicios sanitarios. Están aún por valorar las secuelas y sobremortalidad que ha provocado la crisis de la COVID-19 y en especial las consecuencias psicológicas derivadas de la pandemia”.
Sebastián Crespí concluye que “la crisis sanitaria es de una enorme magnitud y es lógico que buena parte de los recursos se destinen ahora mismo a esta situación de emergencia. Las infecciones por coronavirus pueden haber eclipsado la atención de otras patologías. Habrá que estar muy atento para que esto no ocurra en el futuro. Paradójicamente, también es probable que la pandemia haya traído algún beneficio inesperado, como la disminución de otras infecciones respiratorias”.
Con el pie cambiado
“Antes de la pandemia intentábamos orientar el sistema sanitario hacia la atención a los problemas crónicos, que era el patrón dominante propio del envejecimiento poblacional”, explica Joan Llobera. “Los servicios de enfermedades infecciosas y los de epidemiología estaban dimensionados para vigilar infecciones hospitalarias o pequeños brotes como los alimentarios.
Es obvio que los sistemas de vigilancia epidemiológica y de salud pública en general deben mejorar y tener una estructura adaptable a cambios súbitos sin las rigideces de los regímenes funcionariales. De haberse desarrollado la Agencia de Salud Pública, que se anuncia en la ley, tal vez hubiésemos lidiado mejor con la pandemia. Nos pilló con el pie cambiado”.
Hernández coincide en la urgencia de la creación de la Agencia de Salud Pública y reclama otra “de evaluación tecnológica sanitaria que nos diga qué tecnologías sanitarias y no sanitarias son las más eficientes. Ambas agencias deben ir separadas, porque siempre que se mezclan, la salud pública se diluye. Acabaríamos como siempre, haciéndonos miles de tacs que no sirven para nada”.
El runrún de la pandemia
“Es curioso lo que ha pasado, -continúa el catedrático de Salud Pública- porque todos los expertos hablaban de las posibilidades de que tuviéramos una pandemia, pero que sería una mutación, de hecho en 2009 tuvimos esa experiencia [Gripe A] que afortunadamente no fue tan importante. Eso nos pone delante de los fallos de confiarlo todo a la ciencia y no darle recursos, hemos sido lentos en las respuestas investigadoras y de hecho todavía lo somos. En la parte epidemiológica no hemos dedicado suficientes recursos a investigar las cadenas de transmisión y ahora no somos ni siquiera capaces de decir qué parte de la transmisión es atribuible a qué tipo de actividad. Como esta investigación no produce nada para patentar, sino solo conocimiento para actuar, no tiene empresa privada detrás que la haga. Y tiene que ser una respuesta de las administraciones públicas… Eso nos tendría que hacer pensar cuánto hay que invertir y cuántos impuestos hay que pagar para tener seguridades de las estructuras estatales”.
Rechaza Hernández que la coordinación de la respuesta a la COVID-19 del Gobierno central haya sido errática. “Al principio de la pandemia no se centralizó más que la coordinación y las medidas generales de contención, pero no las decisiones sanitarias. Quien decidió contratar o no o modificar su política autónoma seguían siendo los gobiernos autónomos, me refiero a prepararse para la desescalada, a dedicar el dinero que le llegó del Estado a sanidad o a qué cosas. Lo que se ha hecho es que cada comunidad contextualice las medidas con su entorno”.
El experto critica la actitud de la Comunidad de Madrid en su enfrentamiento con el Gobierno: “Las formas de gobierno federal no están hechas para la irresponsabilidad política, sino para la política que trata de solucionar problemas. Este es un asunto crónico de nuestro país, las deslealtades institucionales continuas tanto de algunos gobiernos como de algunos partidos hacen difícil el trabajo federal bien trabado”.
Sebastián Crespí incide en lo mismo, pero de otro modo: “Espero que, como sociedad, seamos capaces de vencer los obstáculos partidistas y rememos todos en la misma dirección para conseguirlo”.
Planes de respuesta para cualquier eventualidad
Ante futuras crisis, el exdirector general de Salud llama a la inversión en seguridad sanitaria, porque “tenemos que tener planes de respuesta para cualquier eventualidad o crisis, planes en que estén todas las administraciones porque puede haber problemas de tipo nuclear, químico, infeccioso o relacionados con el cambio climático”.
Además, apuesta por un cambio en los servicios de salud pública. “Hasta hoy no hemos tenido una política de salud digna de ese nombre. Se ha priorizado el rescate de personas enfermas, que está bien tener un sistema que cure a la gente, pero sería insensato pensar que la gente no enferma, lo que implica tener que evitar que la gente tenga cáncer, enfermedades vasculares o cardiorrespiratorias crónicas. Y para eso hay políticas de salud pública”.
“No se trata tanto del cuánto como del qué. Por ejemplo, hay situaciones en que se medicaliza más a la población innecesariamente. El servicio de salud no da prestaciones en un área como la salud mental, que debe darlas, y no da prestaciones en el ámbito de refuerzos comunitarios para personas con problemas. El debate que hay que hacer es qué tipo de respuestas a los problemas de salud quiere dar la sociedad española”.
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