Texto: J. E. Iglesias.

El pasado noviembre, Baleares registró la fatídica cifra de 400 muertos por COVID-19, diez meses después de un 7 de febrero en que ingresaba en Son Espases el primer caso del archipiélago y segundo español: un padre de familia inglés, residente en Marratxí y que acababa de venir de Francia, sinécdoque de lo que estaba sucediendo ya por el mundo y del poder de contagio del virus. Aquí, en la calle, apenas se le dio importancia. 

 

Tras más de 40 días de férreo confinamiento, los niños fueron los primeros que pudieron salir a pasear. Foto: Llorenç Salvà Romartínez.

El 11 de marzo, la OMS declara la pandemia mundial por COVID-19. Al día siguiente, con unos 30 casos detectados en las islas, se produce la primera muerte por COVID en Mallorca, una mujer de 59 años con otras enfermedades asociadas. Ese mismo día, la OMS informa de que Europa se ha convertido en la ‘capital’ de la pandemia.

Todo se precipita. La capacidad de contagio del sigiloso SARS-CoV-2 es brutal. Tras casi 4.000 contagios y 90 muertos, el presidente del Gobierno anuncia el Estado de Alarma para el 14 de marzo, que se iría ampliando hasta el 20 de junio: 99 días de uno de los confinamientos más estrictos del planeta. España entera está paralizada, las agendas del país se borran. La actividad se desploma. A principios de abril ya se tramitan miles de ERTE diarios.

Los días previos y posteriores a la declaración fueron los días del papel higiénico: las imágenes de miles de personas haciendo acopio de rollos de papel y carritos desbordados hasta vaciar los supermercados abrían los telediarios de toda España. En Baleares –como en otros lugares– salta el fantasma del desabastecimiento insular. La situación roza el pánico descontrolado.

A finales de marzo, EEUU, con un Trump negacionista, recoge el mayor número de contagios del mundo y en mayo, América se alza como el epicentro global de la pandemia.

La posterior desescalada –durante mayo y junio– conduciría a la segunda ola en un verano insólito de playas sin turistas, miles de trabajadores en ERTE, cierres de empresas y demás factores de una crisis galopante que sitúa a Baleares en la comunidad más golpeada por el desplome económico.

A mitad de agosto comienza la segunda ola. Más  contagiosa, pero menos mortal. Y con ello, nuevos confinamientos, ahora parciales. Palma confina Son Gotleu, Can Capes, la Soledat Nord, parte de Son Canals y Arquitecte Bennassar.

El Govern negocia con el Gobierno central establecer una política de corredores sanitarios seguros entre las islas y los países emisores de turismo para intentar salvar parte de la temporada,  pero la propuesta se queda en agua de borrajas.

El 7 octubre, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presenta el “Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española”, un gigantesco proyecto multimillonario de inversiones de la UE que atribuye a España 140.000 millones de euros en dos fases: la primera, entre 2021 y 2023, será de 72.000  millones.

El 28 de octubre España está en riesgo extremo y continúa todo noviembre.

El 9 de noviembre, la farmacéutica Pfizer y su socia BioNTech anuncian su vacuna. Se produce una euforia momentánea que hace subir por primera vez en mucho tiempo las bolsas. Abierta la espita, sobreviene una auténtica eclosión de anuncios de vacunas contra el virus: 48 laboratorios están también en fase clínica con pruebas en humanos, de estos, 11 están en la fase 3 previa a la comercialización.

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