Las nuevas viviendas en suelo rústico de Balears que cumplan determinadas condiciones deberán mantener una vinculación agraria durante un mínimo de 15 años. Es una de las principales novedades del proyecto de la nueva ley agraria de las Illes Balears, aprobado por el Consell de Govern y que ahora iniciará su tramitación en el Parlament.
La medida afectará a las nuevas viviendas unifamiliares aisladas de más de 100 m² construidos en fincas de al menos 14.000 m², siempre que la normativa territorial y urbanística permita previamente construir. La ley no modifica las parcelas mínimas ni crea nuevos derechos edificatorios.
Qué cambiará para las viviendas en suelo rústico de Balears
La futura ley introduce por primera vez una condición agraria para determinadas viviendas nuevas. Estas son las principales claves:
- Viviendas afectadas: nuevas casas unifamiliares aisladas de más de 100 m².
- Superficie de la finca: 14.000 m² o más.
- Duración: la vinculación agraria deberá mantenerse durante al menos 15 años.
- Dónde se podrá construir: únicamente allí donde ya lo permita la normativa territorial y urbanística.
- Parcelas mínimas: la ley agraria no las modifica.
- Nuevos derechos de construcción: la norma no los crea.
- Agricultor profesional: el propietario no tendrá que convertirse necesariamente en uno.
El objetivo del Govern es que las nuevas viviendas que se construyan donde ya esté permitido contribuyan también a mantener los terrenos en producción y evitar el abandono de la actividad agraria.
Cómo se podrá cumplir la condición agraria durante 15 años
El proyecto contempla diferentes alternativas para cumplir esta obligación. Los propietarios podrán optar por:
- Desarrollar o mantener una actividad agraria en la finca.
- Realizar inversiones destinadas a poner los terrenos en producción o mejorar su aprovechamiento agrario.
- Vincular la finca a agricultores profesionales o explotaciones agrarias prioritarias para que realicen el aprovechamiento.
- Poner los terrenos a disposición del banco público de tierras para que sean utilizados por agricultores o ganaderos.
Por tanto, construir una casa en suelo rústico dentro de los supuestos afectados no obligará necesariamente a su propietario a ejercer profesionalmente como agricultor o ganadero.
Prioridad de la agricultura frente al uso residencial
Otro de los ejes de la nueva ley agraria de Balears es reforzar la función productiva del suelo rústico. La norma establece que deberá conservarse y dedicarse prioritariamente al cultivo y a los aprovechamientos ganaderos y forestales.
Una possessió en Mallorca. Foto: Pedro Coll / AETIB (editada).
Las administraciones deberán priorizar los usos agrarios frente al uso residencial y facilitar las instalaciones y servicios necesarios para el desarrollo de las explotaciones.
La ley incorpora además diferentes medidas para mejorar su rentabilidad, desde facilitar el acceso al agua y las energías renovables hasta favorecer la transformación de productos, la venta directa o las actividades complementarias.
Agroestancias: alojamiento con un máximo de seis plazas
Entre esas actividades complementarias aparece una nueva figura: las agroestancias. Permitirá a determinadas explotaciones agrarias ofrecer alojamiento mediante viviendas y edificaciones agrarias existentes.
Sus principales condiciones serán:
- Máximo de seis plazas por explotación.
- Vinculadas a explotaciones agrarias preferentes con actividad real.
- Con carácter general, la explotación deberá llevar inscrita como preferente más de cuatro años.
- Las plazas procederán de las bolsas de plazas turísticas existentes.
- No supondrán, por tanto, la creación de nuevas plazas turísticas.
El agua para la agricultura tendrá prioridad en suelo rústico
La futura ley también introduce cambios relacionados con los recursos hídricos. Una vez garantizado el abastecimiento de la población, la actividad agraria tendrá prioridad frente a otros usos en suelo rústico cuando exista competencia por el acceso al agua.
También se reforzará el aprovechamiento de agua regenerada para el riego.
Más venta directa y presencia del producto local
La norma busca que una mayor parte del valor de los alimentos permanezca en las propias explotaciones mediante el impulso de la transformación, la venta directa y los circuitos cortos de comercialización.
Entre las medidas previstas figuran:
- Fomentar el consumo de producto local.
- Priorizar su presencia en mercados y ferias municipales.
- Introducir criterios para favorecerlo en la contratación pública de alimentos.
- Reforzar la agricultura y ganadería ecológicas.
- Dar prioridad a las razas autóctonas y variedades locales.
- Impulsar la cooperación entre explotaciones y el asociacionismo agrario.
En materia forestal, el proyecto contempla además el aprovechamiento de la biomasa, la silvopascicultura y la recuperación de cultivos para facilitar la gestión del territorio y contribuir a la prevención de incendios.
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