Quien quiera llevarla a cabo tendrá que presentar una declaración responsable del cumplimiento de los requisitos legales aplicables al ejercicio de la actividad
El Gobierno ha autorizado la venta de alimentos elaborados en viviendas. Las zonas del inmueble destinadas a esta actividad tendrán la consideración de establecimiento de comercio al por menor, según explica el Boletín Oficial del Estado (BOE). Las personas interesadas están obligadas a presentar una declaración responsable del cumplimiento de los requisitos legales aplicables al ejercicio de la actividad. El documento tendrá que incluir el horario en que se va a operar, los productos que se van a elaborar, el plano de la vivienda que refleje las zonas destinadas a esta actividad y el compromiso de asumir la obligación de someterse a los controles oficiales llevados a cabo por las autoridades competentes.
Cómo y dónde pueden suministrarse los alimentos
Los alimentos solo se podrán suministrar al consumidor directamente en mercados ocasionales o periódicos; o mediante el reparto a domicilio, siempre que el suministro se lleve a cabo dentro de la unidad sanitaria local, zona de salud o territorio de iguales características y finalidad que defina la autoridad competente correspondiente donde radique la vivienda. Los productos elaborados en viviendas no se podrán servir para su consumo allí mismo. Tampoco se pueden suministrar a colectividades o en eventos; ni en el propio establecimiento, ni a otros establecimientos de comercio al por menor. Sí podrá hacerse si la autoridad competente de la comunidad autónoma lo permite.
Además, los alimentos no se podrán congelar ni las materias primas empleadas para elaborarlos; solo podrán mantenerse en ese estado las que se adquieran ya congeladas. Cuando los alimentos destinados a la venta se elaboren en las mismas instalaciones que los destinados al consumo doméstico privado, tendrá que haber una separación temporal, y cuando resulte necesario para evitar el riesgo de contaminación, una separación espacial, de las distintas actividades y productos. Además, no se permitirá el acceso de personas ajenas a esta actividad a las zonas afectadas, ni tampoco de animales domésticos.
Las reacciones no se han hecho esperar
La patronal de la Pequeña y Mediana Empresa de Mallorca, PIMEM, no ha tardado en mostrar su rechazo a la iniciativa del Gobierno. La patronal considera que generará diversos problemas, además de una competencia desleal para restaurantes, panaderías o pastelerías. Aseguran que ataca directamente a las pymes y que pone encima de la mesa el debate sobre la seguridad alimentaria que tanto se les exige a ellos, así como el cumplimiento de una correcta fiscalidad.
Por su parte, el Govern ha asegurado que no la pondrá en práctica, ya que entienden que las comunidades autónomas tienen potestad para limitar los efectos de la normativa aprobada por el Gobierno central.
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