El Ajuntament de Palma retiró en la tarde-noche del miércoles 4 de noviembre las tiendas de campaña y demás elementos instalados en la plaça d’Espanya desde el pasado 28 de septiembre. El operativo, en el que participaron la Policía Local, Emaya y el área municipal de Infraestructuras, incluyó el desmontaje de las instalaciones y una limpieza intensiva de la plaza, después de más de un mes de ocupación del espacio público.
Vehículos de Emaya y de la Policía Local tras las labores de limpieza una vez retirada de la acampada de la plaça d’Espanya de Palma. Foto: Aj. de Palma.
La acampada comenzó la noche del 28 de septiembre, después de una manifestación en defensa del derecho a una vivienda digna. Los participantes reclamaban medidas contra la especulación inmobiliaria y se sumaron a las movilizaciones iniciadas en Madrid.
La intervención se produjo después de que el alcalde de Palma, Jaime Martínez Llabrés, reclamara reiteradamente a la Delegación del Gobierno que actuara para poner fin a la acampada. Según el consistorio, la protesta había superado tanto el plazo como las condiciones comunicadas inicialmente por sus organizadores, por lo que decidió intervenir en aplicación de la Ordenanza Cívica y la normativa municipal de ocupación de la vía pública.
La Policía Local identifica a nueve personas antes de la retirada
Como parte de las actuaciones previas, la Policía Local identificó el martes 3 de noviembre a nueve personas que se encontraban en la plaça d’Espanya. Durante la inspección, los agentes comprobaron que la mayoría de las tiendas de campaña estaban desocupadas y que algunas de las personas identificadas podrían no tener relación directa con la protesta original, según informó el Ajuntament.
El consistorio sostiene que la comunicación inicial de los organizadores no contemplaba la instalación de tiendas de campaña ni una ocupación permanente de la plaza. También señala que el número de personas presentes había variado respecto a las condiciones comunicadas al inicio de la concentración.
Durante el operativo de retirada, los servicios sociales municipales acudieron a la zona para ofrecer asistencia a quienes pudieran necesitarla. En concreto, atendieron a una mujer de avanzada edad a la que ofrecieron alojamiento.
Tras el desmontaje de las tiendas, cerramientos y otros elementos, los servicios municipales realizaron una limpieza intensiva para recuperar las condiciones habituales de uso y mantenimiento de la plaça d’Espanya.
El conflicto entre Cort y la Delegación del Gobierno por la acampada
La retirada de las instalaciones pone fin a más de un mes de reclamaciones del Ajuntament de Palma a la Delegación del Gobierno en Balears. El consistorio solicitó formalmente su intervención el 1 de octubre, al considerar que había vencido el plazo comunicado para la concentración.
El alcalde reiteró esta petición el 3 de noviembre, después de que la Policía Nacional interviniera para desalojar una acampada en la Puerta del Sol de Madrid. Martínez Llabrés reclamó que se aplicaran los mismos criterios en Palma y anunció que la Policía Local comenzaría a actuar dentro de sus competencias.
Finalmente, el Ajuntament procedió a retirar las instalaciones el 4 de noviembre y comunicó la actuación ese mismo día a la Delegación del Gobierno.
Cort defiende que la ocupación había dejado de estar amparada por el derecho de reunión y manifestación al superar las condiciones inicialmente comunicadas. Asimismo, sostiene que la instalación prolongada de tiendas y cerramientos dificultaba las labores de limpieza y mantenimiento de la plaza, por la que, según sus datos, transitan diariamente unas 50.000 personas.
El consistorio insiste en su respeto al derecho de manifestación, aunque considera que su ejercicio debe ser compatible con el cumplimiento de las ordenanzas municipales y el uso compartido del espacio público.
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