El Govern ha reclamado que la insularidad en Balears deje de abordarse mediante excepciones puntuales y pase a tenerse en cuenta de forma transversal en las políticas de la Unión Europea. La propuesta balear plantea incorporar una cláusula de insularidad a la legislación comunitaria para que las particularidades de las islas se valoren desde el momento en que se diseñan las normas.

La directora general de Relacions Institucionals i de Relacions amb el Parlament, Xesca Ramis, ha defendido esta posición en la Comisión de Política de Cohesión Territorial y Presupuesto de la UE (COTER) del Comité Europeo de las Regiones, durante el debate sobre la futura estrategia europea para las islas.

insularidad en Balears

La directora general de Relacions Institucionals i de Relacions amb el Parlament, Xesca Ramis. Foto: CAIB.

Balears ha centrado su intervención en cuatro reivindicaciones: medir los costes de la insularidad, introducir una cláusula insular, facilitar la cooperación entre islas y flexibilizar determinadas ayudas al transporte de mercancías.

Balears cifra entre un 15% y un 30% el sobrecoste logístico

Una de las principales propuestas consiste en establecer una metodología común que permita calcular los costes de la insularidad de manera objetiva y comparable entre los distintos territorios europeos.

Según los datos expuestos por la representación balear, el sobrecoste logístico de las mercancías en Balears oscila entre el 15% y el 30% respecto a territorios continentales equivalentes. A esta desventaja se añaden factores como el tiempo necesario para acceder a determinados servicios sanitarios especializados o los mayores costes energéticos derivados de una interconexión insuficiente.

El Govern defiende que estos sobrecostes de la insularidad puedan cuantificarse con criterios homogéneos y que su compensación no dependa de excepciones negociadas caso por caso.

Una cláusula de insularidad en la legislación europea

Balears también propone establecer una definición jurídica común de territorio insular que pueda aplicarse al conjunto de las políticas de la Unión Europea.

La denominada cláusula de insularidad permitiría analizar previamente cómo afecta una nueva normativa a las islas. Para ello, se tendrían en cuenta factores como la superficie, la población, la distancia, la dependencia del transporte marítimo y aéreo, el tiempo de desplazamiento o las situaciones de doble insularidad.

La propuesta incluye avanzar en el concepto de island-proofing o adaptación insular, de manera que las consecuencias específicas de una norma europea sobre los territorios insulares se evalúen antes de su aprobación.

“El mar no es una carretera”: eliminar el límite de 150 kilómetros

Otra de las reivindicaciones afecta a los programas de cooperación territorial europea. Actualmente, la participación en Interreg A está condicionada por un límite de 150 kilómetros de distancia marítima, una restricción que Balears pide eliminar cuando las islas pertenezcan a una misma cuenca o subcuenca marítima.

Durante la intervención de la representación balear se defendió que “el mar no es una carretera” y que las distancias marítimas no pueden valorarse con los mismos criterios que las terrestres. La eliminación de este límite permitiría, según la propuesta, reforzar la cooperación entre las islas europeas.

Más margen para compensar el transporte de mercancías

La cuarta propuesta se centra en flexibilizar el límite de las ayudas de minimis destinadas al transporte de mercancías desde las islas.

El Govern argumenta que las compensaciones por los mayores costes del transporte pueden consumir una parte importante del límite de ayudas disponible para las empresas. Esta circunstancia reduce posteriormente el margen para que empresas, agricultores y pescadores puedan acceder a otras líneas de apoyo.

Balears plantea, por tanto, adaptar estos límites para que las ayudas destinadas a compensar los sobrecostes de la insularidad no reduzcan la capacidad de los sectores productivos para competir con empresas situadas en territorios continentales.

Las cuatro propuestas serán recogidas y analizadas en el futuro dictamen sobre la estrategia de la UE para las islas. El objetivo planteado por el Govern es que la insularidad deje de tratarse como una excepción y se incorpore como un principio transversal en las políticas europeas.