Otro desastre de la administración Trump. Un desastre humanitario, político y económico. La guerra entre Estados Unidos e Irán crea potenciales efectos económicos peores que los derivados de su política de aranceles. La clave, claro, está en la duración de la guerra. Si termina pronto, el daño será importante, pero limitado. Si se alarga, las consecuencias pueden ser muy serias para la economía internacional.
La lógica económica es clara. Con el bloqueo del estrecho de Ormuz se reduce la oferta de petróleo y de gas, con la consiguiente subida de los precios. Y cuando sube el coste de la energía, suben también muchos otros costes. El resultado: más inflación, menos crecimiento y, con el tiempo, el riesgo de una economía casi estancada con precios altos. Además, con mayor inflación, los bancos centrales pueden decidir fijar tipos de interés más altos, añadiendo otra vuelta de tuerca al freno económico.
Visto desde Mallorca, el impacto es evidente. Con la energía se encarece volar, transportar mercancías y sostener una economía insular dependiente del exterior. Eso afecta a los costes de las empresas, al precio de muchos productos y al turismo, porque unos vuelos más caros y una menor actividad en los mercados emisores pueden enfriar la demanda turística balear. Al mismo tiempo, sin embargo, la proximidad del conflicto a destinos competidores como Turquía puede desviar parte del turismo europeo a destinos percibidos como más seguros. Por eso, el efecto neto sobre el turismo de las islas es, a priori, ambiguo.
¿Qué deben hacer los gobiernos ante este shock energético global? Tanto el Gobierno español como el balear han respondido con medidas de alcance general, sobre todo rebajas fiscales para abaratar carburantes, electricidad y gas, junto con reducciones de otros impuestos energéticos. Además, han incorporado actuaciones selectivas: ayudas a sectores especialmente expuestos, apoyo al transporte, incentivos a la eficiencia energética, líneas de liquidez para empresas y otras medidas dirigidas a sostener a los colectivos y actividades más vulnerables. En conjunto, es un paquete de gran volumen, cifrado en más de 5.000 millones de euros.
Mi valoración es mixta. Tiene sentido proteger a los hogares vulnerables y ayudar de forma temporal a sectores muy expuestos, como el transporte, para asegurar su sostenibilidad y limitar los efectos de segunda ronda sobre el resto de la economía. Pero no tiene sentido ocultar, de manera general y sostenida, que la energía ahora es más escasa y cara. Ese coste existe, no desaparece porque lo asuma el Estado: solo cambia quién lo paga. Y las políticas que distorsionan la señal de los precios frenan el ajuste necesario de familias y empresas, evitando que la economía se adapte a la nueva realidad.
Deja tu comentario