Desde hoy, 23 de julio de 2025, entra en vigor la autorización que permite a los propietarios de embarcaciones de recreo privadas (inscritas en la lista séptima) alquilar sus barcos durante un máximo de tres meses al año. Se trata de una medida incluida en el nuevo Reglamento de Ordenación de la Navegación Marítima (RONM), aprobado por el Gobierno de España y publicado en el Boletín Oficial del Estado. No obstante, los nuevos despachos no podrán gestionarse hasta el 15 de agosto, cuando el reglamento se hará plenamente efectivo.

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Hasta ahora, el alquiler turístico estaba reservado exclusivamente a embarcaciones con uso comercial (lista sexta), por lo que este cambio supone una ampliación significativa de la oferta náutica al permitir el uso comercial temporal de embarcaciones privadas durante tres meses al año.

Rechazo frontal del Govern y del sector náutico balear

El Govern de les Illes Balears ha manifestado su oposición frontal a esta medida, al considerar que pone en riesgo la sostenibilidad del litoral balear, agrava la presión sobre unas zonas costeras ya saturadas y abre la puerta a nuevas actividades especulativas. El Ejecutivo autonómico ha anunciado que está analizando todas las vías jurídicas y administrativas a su alcance para impedir la aplicación efectiva del reglamento en la comunidad autónoma.

Asimismo, ha recordado que no autorizará esta actividad en los puertos que gestiona directamente, en coherencia con el modelo de litoral que defiende: “ordenado, seguro, sostenible y compatible con la conservación del entorno y el uso público del dominio marítimo-terrestre”, señalan fuentes del Govern. “Cada territorio tiene sus particularidades y que deben ser tenidas en cuenta. La presión que soporta el litoral balear no es comparable a la de otros territorios peninsulares”, añaden.

La postura del Govern cuenta con el apoyo del sector náutico balear. La Asociación de Empresas Charter Islas Baleares (AECIB) y la Asociación de Clubes Náuticos de Baleares (ACNB) también han expresado su preocupación por el impacto de la medida y su rechazo a permitir el alquiler turístico de embarcaciones privadas sin una regulación adaptada a las especificidades del territorio.