En un comunicado enviado esta mañana, el Obispado de Mallorca condena cualquier tipo de violencia contra las personas, asegura, después de que la Compañía de Jesús admitiera los abusos y agresiones sexuales a una mujer mallorquina a lo largo de tres décadas cometidos por dos de sus sacerdotes. La víctima acudió el pasado mes a los tribunales para demandar a un presbítero diocesano y a dos sacerdotes jesuitas
Tras la denuncia presentada por una mujer el pasado mes de junio contra un presbítero de la diócesis de Mallorca por presuntos abusos sexuales en la cual también acusa a dos sacerdotes jesuitas, el Obispado de Mallorca ha manifestado hoy en un comunicado su “compromiso de transparencia y voluntad de cooperar siempre plenamente con las autoridades judiciales del Estado a las cuales se les proporcionará toda la información necesaria para facilitar la investigación judicial que se tenga que llevar a cabo”, reza el mismo. Por su parte, los Jesuitas de Mallorca, a través de un comunicado emitido este domingo, reconocieron los hechos, que tuvieron lugar entre 1985 y 2001, y pidieron perdón a la víctima.
En relación a la denuncia presentada por una mujer ante el tribunal eclesiástico de Mallorca a finales de 2020, y posteriormente, en junio de 2023, ante la los tribunales penales del Estado contra un presbítero de la diócesis de Mallorca por presuntos abusos cometidos contra su persona, el Obispado de Mallorca ha manifestado que desde la Iglesia de Mallorca condenan “cualquier tipo de abuso y violencia contra las personas, manifestamos nuestra firme intención de buscar siempre la verdad, acoger las víctimas y acompañarlas, ofreciéndoles apoyo psicológico y asesoramiento legal”.
Sebastià Taltavull decretó el inicio de la investigación
Además, han detallado que “el tribunal de Mallorca, siguiendo los protocolos establecidos, trasladó la denuncia contra los presbíteros religiosos jesuitas a sus Superiores Mayores, dado que el tribunal diocesano era incompetente para investigar a estos religiosos en esta causa y así la congregación religiosa pudiera llevar a cabo su procedimiento”. El comunicado añade que respecto al presbítero diocesano, el Obispo de Mallorca “inmediatamente” decretó el inicio de una investigación previa sobre la presunta conducta delictiva de este, que fue remitida a la entonces Congregación de la Doctrina de la Fe (actualmente Dicasterio de la Doctrina de la Fe) de Roma, organismo competente para estas causas penales. Y asegura que el Obispo Sebastià Taltavull impuso la prohibición del ejercicio público del ministerio, seguimiento psicológico y “proveerlo de una seria dirección espiritual”, “teniendo en cuenta que no tenía ningún cargo pastoral”, añade el comunicado.
Según continúa el mismo, la Congregación Romana decretó el inicio de un proceso administrativo penal para clarificar los hechos denunciados, “que por diferentes causas se ha prolongado en el tiempo”, y actualmente se encuentran a la espera de la resolución judicial final, “que según las noticias que tenemos es próxima”.
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