La presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, ha convocado para los próximos miércoles y jueves, 15 y 16 de noviembre, el debate de investidura del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que fue designado candidato por el Rey a principios del pasado mes de octubre.
Francina Armengol, presidenta del Congreso de los Diputados, ya ha comunicado las fechas a los grupos parlamentarios y el debate se desarrollará de forma similar al que afrontó Alberto Núñez Feijóo a finales de septiembre.
En este, el Gobierno tiene garantizado el apoyo de 179 votos tras los acuerdos pactados con Sumar, ERC, Bildu, Junts, PNV, BNG y Coalición Canaria. Suficientes, ya que la mayoría absoluta está en 176 votos.
Además, este lunes el PSOE ha registrado la ley de amnistía en el Congreso, paso definitivo acordado con Junts per Catalunya para que la investidura de Sánchez llegue a buen puerto.
La ley electoral establece que en el caso de que el primer intento los días 15 y 16 de noviembre fracase, se celebrará una segunda votación a las 48 horas. Por tanto, el sábado 18, cuando el líder del PSOE solo necesitaría mayoría simple, más ‘síes’ que ‘noes’.
La investidura llega 16 semanas después de las elecciones y a apenas dos semanas de que expire el plazo límite –el próximo día 27 de noviembre–, tras el cual hubieran sido convocadas automáticamente unas nuevas elecciones generales para enero. El pleno tendrá lugar después del proceso de investidura fallida de Alberto Núñez Feijóo, el pasado 29 de septiembre. Entonces no logró más ‘síes’ que ‘noes’ en la votación del Congreso en la que solo obtuvo el apoyo de Vox, de Coalición Canaria y de UPN, además del de sus propios diputados.
La proposición de ley orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña borra los delitos relacionados con el Proceso cometidos durante una década y exonera de manera exprés el expresidente catalán Carles Puigdemont y el resto de políticos relacionados con los hechos, además de dar un plazo de dos meses a los jueces porque lo apliquen.
El PSOE registra en solitario la Ley de amnistía
La ley ha sido registrada por el PSOE en solitario en el Congreso este lunes por la tarde, sin las firmas de sus socios parlamentarios de investidura –Sumar, Juntos, ERC, EH Bildu, PNB y BNG–.
Esta implica anular la “responsabilidad penal, administrativa y contable” de todas aquellas personas vinculadas con la preparación, ejecución y consecuencias del proceso soberanista en Cataluña durante una década, entre el 1 de enero de 2012 y el 13 de noviembre de 2023.
Además de los dirigentes políticos independentistas, quedan cubiertos los directores de los colegios donde se colocaron las urnas del 1-O, y alcaldes, manifestantes y agentes policiales que reprimieron a los votantes durante el referéndum del 1 de octubre de 2017.
La norma excluye el perdón para los delitos de terrorismo cuando exista una condena firme y hayan consistido en alguna de las conductas previstas en las directivas europeas, que alcanzan desde atentados mortales a la fabricación de explosivos, así como torturas graves.
Respecto al “lawfare”, la presunta persecución política desde los tribunales recogida en el acuerdo firmado por el PSOE y Junts y que ha suscitado el rechazo unánime del sector jurídico, no aparece en la ley, que tampoco habla de posibles comisiones de investigación en el Parlamento que se mencionaban en el pacto.
Queda ahora mismo en el aire una posible amnistía por dos de las causas abiertas al independentismo por terrorismo, para las cuales todavía no hay sentencia: la de las protestas de Tsunami Democrático, en la que la Audiencia Nacional investiga a Puigdemont y a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, así como la de los CDR encausados por planificar actos de sabotaje como respuesta a la sentencia del Procés.
No se menciona el nombre de Carles Puigdemont, pero sí que se hace referencia directa, al señalar que “quedarán sin efecto las órdenes de busca y captura e ingreso en la prisión”, así como “las órdenes nacionales, europeas e internacionales de detención”, que afectan también los ex consejeros Antoni Comín y Lluís Puig y a la secretaria general de ERC, Marta Rovira.
La ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Los tribunales y los órganos administrativos y contables implicados, con casos vinculados al Procés, tendrán que aplicar la ley con carácter “preferente y urgente” en un plazo máximo de dos meses.
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