La Direcció General de Salut Pública, en colaboración con la Guardia Civil, intervinieron 20 toneladas de marisco y pescado en mal estado durante una inspección realizada el pasado mes de abril en una empresa distribuidora ubicada en Palma. Los productos no eran aptos para el consumo humano y, según la investigación, una parte importante presentaba fechas de consumo preferente caducadas, con lotes que se remontaban incluso al año 2019. La empresa se enfrenta a una multa de 90.000 euros.
Durante la actuación, técnicos de Salut Pública, apoyados por agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA), localizaron una partida almacenada que además incluía alimentos que habían roto la cadena de frío y posteriormente habían sido recongelados, un procedimiento expresamente prohibido por el riesgo sanitario que conlleva.
Ante estas irregularidades, Salud Pública procedió a la intervención e inmovilización inmediata de todo el producto, impidiendo que llegara al mercado y, por tanto, a los consumidores. De forma paralela, la Direcció General abrió un expediente sancionador por dos infracciones muy graves en materia de salud pública y protección del consumidor.
Las autoridades recuerdan que estas inspecciones se realizan de manera periódica con el objetivo de garantizar la seguridad alimentaria en las Islas y evitar riesgos para la ciudadanía.
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