El informe encargado por la plataforma Mallorca per Viure, no per especular advierte que la nueva ley de suelo permitiría un crecimiento demográfico del 37% en los siete municipios más poblados de la isla
La aprobación de la Ley 4/2025 de actuaciones urgentes destinadas a la obtención de suelo ha generado un intenso debate en Mallorca. La norma, impulsada por el Govern con el objetivo de ampliar la oferta de vivienda, abre la puerta a recalificar 1.246 hectáreas de Áreas de Transición (AT) -suelos rústicos diseñados para frenar la expansión urbana y reservar espacios para infraestructuras- para uso residencial, según un estudio dirigido por el geógrafo Gabriel Garcies e impulsado por la plataforma Mallorca per Viure, no per especular.
Recreación del aumento de plazas residenciales en el municipio de Alcúdia. Fuente: Plataforma Mallorca per Viure, no per especular.
Dicho informe, titulado Mapa de l’especulació, sostiene que la aplicación de la ley podría suponer la construcción de 252.810 nuevas plazas residenciales en siete municipios de más de 20.000 habitantes: Palma, Llucmajor, Manacor, Inca, Marratxí, Calvià y Alcúdia. El trabajo cifra este posible crecimiento en un 37% de la población actual respecto al censo de 2024.
Palma sería el municipio con mayor impacto: 634 hectáreas de suelo rural pasarían a ser urbanizables, lo que supondría un incremento del 15% en superficie urbanizable y del 33% en su población, con capacidad para 142.650 nuevas plazas residenciales.
También destacan los crecimientos previstos en:
- Marratxí: 27.180 plazas residenciales (+68% de población) en 151 hectáreas (+13% de superficie urbanizable).
- Manacor: 24.480 plazas (+51%) en 136 hectáreas (+12%).
- Calvià: 21.240 plazas (+39%) en 118 hectáreas (+5%).
- Llucmajor: 16.200 plazas (+41%) en 90 hectáreas (+9%).
- Alcúdia: 12.600 plazas (+57%) en 70 hectáreas (+11%).
- Inca: 8.460 plazas (+24%) en 47 hectáreas (+12%).
Áreas de transición en Alcúdia. Fuente: Plataforma Mallorca per Viure, no per especular.
La ley establece además densidades de hasta 225 habitantes por hectárea en Palma y 180 en el resto de municipios. La ley establece además densidades de hasta 225 habitantes por hectárea en Palma y 180 en el resto de municipios.
Viviendas de precio libre y reducido, pero sin protección oficial
El mismo informe subraya que el 50% de las viviendas previstas serían de precio libre y el resto de precio reducido, pero no de protección oficial. Según los cálculos de los expertos, esto equivaldría a pisos de unos 80 m² por un mínimo de 300.000 euros, lo que -a juicio de la plataforma promotora del estudio- no resolvería el problema de acceso a la vivienda para jóvenes ni para familias con menos recursos: “Ni un piso hecho para alquileres de precio bajo o controlado. Esto significa que la gente que ahora tiene problemas para comprar o alquilar, con esta ley los seguirá teniendo. Lo único que se conseguirá es el incremento de la población con gente que podrá pagar esos precios que venga de fuera o que los compren los especuladores como inversión”.
Organizaciones ecologistas como el GOB han expresado además su preocupación por la presión que este crecimiento podría ejercer sobre los recursos hídricos. Recuerdan que el informe de Recursos Hídricos de 2023 ya alertaba de la falta de agua disponible para el desarrollo urbanístico en Palma, una ciudad que concentra buena parte del potencial de crecimiento contemplado en la ley.
“Bomba demográfica”
Los autores del Mapa de l’especulació advierten finalmente que ni el Govern ni los municipios afectados han ofrecido cifras oficiales sobre las hectáreas afectadas, el número de viviendas edificables o el impacto demográfico y ambiental, y califican la norma como una auténtica “bomba demográfica” en una isla ya tensionada por la falta de recursos. “El Govern aprobó esta ley con la excusa de hacer más “vivienda social”. La realidad, sin embargo, es que se trata de un regalo a las grandes promotoras urbanísticas“, señala la plataforma en un comunicado.
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