La conselleria d’Empresa, Ocupació i Energia, a través de la direcció general de Treball i Salut Laboral, ha presentado hoy sus alegaciones al borrador del anteproyecto de ley sobre la reducción de la duración máxima de la jornada laboral ordinaria, el registro horario y el derecho a la desconexión digital. La propuesta, pactada entre el ministerio de Trabajo y los sindicatos, contempla la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, una medida que ha generado un amplio debate y el rechazo de las organizaciones empresariales.
“Este Govern no está de acuerdo con este anteproyecto de ley. Pedimos en el Gobierno estatal que rectifique y que vuelva esta medida al diálogo social. La jornada de trabajo, tal como dice el Estatuto de los trabajadores, está reservada a la negociación colectiva“, ha señalado la secretaria autonómica de Trabajo, Empleo y Diálogo Social, Catalina Cabrer. “Su imposición creará una tensión que amenazará la paz social que es la condición sine qua non para que un territorio pueda desarrollar un proyecto, afrontar los problemas que tiene y pueda hacer un trabajo de desarrollar las tareas previstas”, ha añadido.
Particularidades de cada territorio
Cabrer ha explicado que “actualmente los convenios colectivos sectoriales de empresas privadas, en el 100%, están pactando jornadas de 40 horas semanales. Esto quiere decir que las patronales y sindicatos en nuestro territorio no están pactando jornadas tan reducidas. Y esto se tiene que escuchar. El proyecto de la ministra Yolanda Díaz no ha reflexionado sobre las particularidades de cada territorio, y esto nos preocupa”.
En este sentido, la secretaria autonómica de Trabajo, Empleo y Diálogo Social ha subrayado que “el Govern de les Illes Balears es diálogo y esta ley no responde a este diálogo que defendemos en esta comunidad. Las medidas se tienen que pactar con las patronales y los sindicatos, porque ambos interlocutores son igual de importantes“. Para Cabrer, que Balears sea líder en creación de empleo, con una media de 570.000 afiliados a la Seguridad Social y con una cifra mensual de parados que no llega a las 29.000 personas, es precisamente “gracias al esfuerzo del tejido empresarial, los autónomos y los trabajadores”.
Otra de las alegaciones es que la ley no tiene en cuenta las características de cada Comunidad Autónoma: “En Balears tenemos un sistema económico basado en los servicios que es un referente a nivel nacional y mundial, pero también existe una carencia de personal. No podemos consentir que se hagan medidas sin tener en cuenta las particularidades de cada territorio y de cada sector“, unas medidas que “tienen que nacer del diálogo y el acuerdo“, ha sentenciado Catalina Cabrer.
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