La consellera de Presidencia, Función Pública e Igualdad, Mercedes Garrido, y la directora general de Coordinación, Relaciones con el Parlamento, Derechos y Diversidad, Isabel Castro, han desplegado en la sede de la Conselleria la bandera LGTBI, para expresar el apoyo del Govern de las Islas Baleares a todo el colectivo.

Es una acción que también se hará en el resto de consellerias del Govern, con la cual el ejecutivo pretende celebrar el orgullo LGTBI el próximo martes 28 de junio y visibilizar su compromiso para continuar impulsando políticas dirigidas a construir una sociedad diversa e inclusiva desde el punto de vista afectivo, sexual y de género.

De hecho, recientemente se han cumplido seis años desde la aprobación de la Ley LGTBI de las Illes Balears, una norma pionera en el Estado que ha permitido crear un abanico de protección y reconocimiento de derechos para las personas lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersexuales de las Islas.

Desde que se aprobó el 2016, la Ley ha impulsado la creación del Consell LGTBI, el Servicio de Unidad de Género de Son Espases, la elaboración de protocolos de atención al alumnado trans, sanciones por delitos de odio y se han agilizado las operaciones de reasignación de sexo para las personas transexuales.

Precisamente, la semana pasada el Consell LGTBI daba su visto bueno a un protocolo para las policías locales de prevención y acción contra los delitos de odio, elaborado por el Instituto de Seguridad Pública de las Illes Balears.

Este protocolo servirá como guía para que los cuerpos policiales tengan herramientas para prevenir agresiones por motivos de orientación sexual o identidad de género, como también para actuar ante los casos que se produzcan y saber como atender las víctimas y como detectar la motivación de estos delitos.

Entre otras funciones, este instrumento también tiene como objetivo avanzar en la homogeneización de los procedimientos de actuación de las policías locales de las Islas Baleares y facilitar la colaboración de este cuerpo con otras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, además de establecer vínculos con la comunidad y los actores sociales que garanticen un clima de convivencia y de rechazo al odio o la discriminación.