La Serra de Tramuntana afronta una nueva etapa en su modelo de gestión. El Consell de Mallorca ha presentado la antepropuesta de la futura ley de la Serra de Tramuntana, un texto normativo que busca reforzar la protección del paisaje cultural declarado Patrimonio Mundial y dotar al territorio de un marco jurídico específico.
La norma, estructurada en 8 títulos, 13 capítulos y 62 artículos, pretende ordenar la conservación, la gestión y la viabilidad económica de la Serra. Para ello, incorpora herramientas para afrontar desafíos cada vez más visibles como la presión humana, el abandono de fincas, el riesgo de incendios o la complejidad administrativa.
Entre todos estos factores, la masificación en determinadas zonas y periodos emerge como uno de los ejes centrales del nuevo marco legal.
Medidas frente a la saturación turística
La futura ley introduce por primera vez mecanismos normativos destinados a intervenir en situaciones de saturación del territorio. El Consorci Serra de Tramuntana podrá proponer restricciones de acceso u otras limitaciones temporales cuando se detecten escenarios de masificación que puedan poner en riesgo el patrimonio o alterar el equilibrio territorial.
Para sustentar estas decisiones, se prevé la creación de un sistema de indicadores de impacto, orientado a evaluar la presión de visitantes y establecer la capacidad de acogida de diferentes espacios.
El texto también incorpora medidas directas sobre el uso recreativo del territorio. Entre ellas destaca la prohibición de la circulación recreativa de quads por caminos no asfaltados, así como la posibilidad de limitar el número de actividades anuales en zonas sensibles.
Asimismo, se establece un marco regulador para prácticas deportivas como el montañismo, con criterios vinculados a la conservación, la seguridad y la compatibilidad de usos.
Otras aspectos clave de la ley
Más allá de la gestión de la presión humana, la norma articula un conjunto amplio de actuaciones orientadas a la protección integral de la Serra.
Ampliación del ámbito de protección
La ley amplía el perímetro de actuación para incluir fincas, núcleos y zonas históricamente vinculadas a la Serra que habían quedado fuera del trazado inicial reconocido por la UNESCO.
Evaluación de impacto patrimonial
Se introduce esta figura para analizar actuaciones susceptibles de afectar a los valores que definen el paisaje cultural.
Autoridad única de gestión
El Consorci Serra de Tramuntana se consolida como órgano central de coordinación institucional, con capacidad reforzada de gestión.
Simplificación administrativa
Se agilizan trámites vinculados a actuaciones agrarias y de conservación, especialmente aquellas relacionadas con márgenes de piedra en seco, recuperación de cultivos y construcciones tradicionales.
Impulso del sector primario
La actividad agraria se reconoce como pieza clave en la conservación del paisaje cultural. La ley fomenta la recuperación de campos abandonados, la ganadería extensiva —planteada también como herramienta de prevención de incendios— y el mantenimiento de usos tradicionales.
Reconocimiento de las possessions
Se refuerza su papel como elementos estructurales del paisaje y se permiten actividades complementarias compatibles con la conservación para garantizar su viabilidad económica.
Protección del patrimonio cultural
Se crean catálogos e inventarios específicos y se refuerza la conservación de elementos singulares como olivos y encinas monumentales o sistemas de bancales.
Uso de técnicas tradicionales
Se regula el empleo obligatorio de la piedra en seco en actuaciones de conservación.
Sostenibilidad energética
La norma incorpora mecanismos orientados a proyectos de compensación de emisiones vinculados a la conservación del territorio.
Contaminación lumínica y acústica
Se introducen herramientas de coordinación interinstitucional para abordar estos impactos.
Régimen sancionador
Se establece un sistema graduado de sanciones con multas que pueden alcanzar el millón de euros en los casos más graves.
El proceso de exposición pública y alegaciones abierto hasta abril permitirá incorporar aportaciones de administraciones, sectores vinculados y ciudadanía antes de su tramitación definitiva.
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