Lo hará a través de la información del pago del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) o ecotasa obligatorio para el alquiler turístico. El objetivo: acabar con el fraude y la oferta ilegal. Así lo ha anunciado el Govern esta mañana tras reunirse con el presidente del Consell de Mallorca
Antes de finales de año, la ATIB, Agencia Tributaria de las Illes Balears, tiene previsto iniciar una campaña para controlar el alquiler turístico ilegal: vigilará si los arrendamientos que gestionan las empresas intermediarias están dados de alta en el censo del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS), la popularmente conocida como ecotasa. Estos datos están siendo analizados desde hace unas semanas después de que la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) los suministrase.
La ecotasa, clave para evitar el fraude en el alquiler turístico
![Antoni Costa y Llorenç Galmés](https://mallorcaglobalmag.es/wp-content/uploads/alquiler-turistico-ilegal-scaled.jpg)
De izquierda a derecha, el vicepresidente del Govern, Antoni Costa, se ha reunido esta mañana con el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés. Foto: Govern.
Fue el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) quien dictaminó en una sentencia del 27 de abril de 2022 que este tipo de empresas están obligadas a facilitar la información tributaria a Hacienda. El objetivo es el de controlar los alquileres y la recaudación de los impuestos correspondientes de los mismos que afecten a los alojamientos turísticos.
El Govern ha hecho público este compromiso después de la reunión del vicepresidente, Antoni Costa, con el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, que ha tenido lugar esta mañana.
El vicepresidente y el ejecutivo insular han subrayado “la sintonía y la necesaria colaboración” entre las dos instituciones para conseguir los objetivos marcados, sobre todo “para aprovechar los recursos de los fondos europeos”, haciendo especial hincapié en los que proyectos que tienen que ver con el ciclo de agua, han explicado.
Asimismo, Costa se ha comprometido a acompañar a los consells insulares “codo con codo” en la exigencia al Gobierno central para que se renegocien los convenios de carreteras.
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