El Tribunal Supremo ha anulado el decreto del Gobierno que endurecía los requisitos para crear y autorizar universidades en España, tras estimar un recurso presentado por el Govern de les Illes Balears. El alto tribunal considera que el Ejecutivo central no justificó adecuadamente la tramitación urgente de la norma, que permitió prescindir de la consulta pública previa.
La sentencia declara la nulidad de pleno derecho del Real Decreto 905/2025, aprobado el 7 de octubre de 2025, e impone a la Administración General del Estado el pago de las costas judiciales. La decisión afecta a una reforma que pretendía reforzar los requisitos de calidad y funcionamiento de los centros universitarios, especialmente los privados.
Por qué el Supremo anula el decreto de universidades
La Sala de lo Contencioso-Administrativo considera que el Gobierno no acreditó suficientemente las razones para aprobar la reforma por la vía de urgencia.
Esta decisión permitió omitir el trámite de consulta pública previa, una circunstancia que el Tribunal Supremo considera contraria a las exigencias legales del procedimiento.
Por este motivo, la sentencia anula íntegramente el decreto de universidades, aunque no entra a valorar el contenido de las medidas que establecía.
Qué requisitos del decreto cuestionaba el Govern
El recurso de la Conselleria d’Educació i Universitats cuestionaba tanto el procedimiento de aprobación como determinadas exigencias que, según el Govern, perjudicaban a Balears al no tener en cuenta la insularidad ni la población de cada territorio.
Entre los requisitos introducidos por el Real Decreto 905/2025 figuraban:
- Un mínimo de 4.500 estudiantes matriculados al cabo de seis años de actividad.
- Plazas de alojamiento equivalentes al 10% del alumnado, para facilitar la movilidad de los estudiantes.
- Nuevas condiciones para la creación, el reconocimiento y la autorización de universidades y centros universitarios.
El Govern consideraba que algunas de estas obligaciones resultaban especialmente difíciles de cumplir en territorios insulares. También cuestionaba la atribución a las universidades de determinadas funciones que, a su juicio, no les correspondían.
Sin embargo, el Tribunal Supremo no se pronuncia sobre estas objeciones de fondo. La anulación se fundamenta en los defectos detectados durante la elaboración y aprobación de la norma.
Qué supone la anulación del Real Decreto 905/2025
La sentencia deja sin efecto la reforma aprobada por el Gobierno central en octubre de 2025, que modificaba los criterios para crear y autorizar universidades.
El fallo del Tribunal Supremo supone la anulación completa del decreto, no únicamente de los requisitos cuestionados por el Govern balear.
La resolución también establece que la Administración General del Estado debe asumir las costas del procedimiento judicial.
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