El Govern rechaza de manera contundente la regularización masiva de inmigrantes impulsada por el Gobierno de España a través de un real decreto. El Ejecutivo balear considera que se trata de una medida “improvisada, sin planificación ni coordinación” que agravará la presión migratoria, el colapso de los servicios públicos y el efecto llamada en el archipiélago.
La Guardia Civil vigila a inmigrantes argelinos tras interceptar una patera. Foto: Teresa Ayuga.
Desde el Govern advierten de que Balears atraviesa la peor crisis migratoria de su historia, con más de 20.000 llegadas de personas en situación irregular en los últimos cinco años, una cifra sin precedentes para un territorio insular con recursos limitados y servicios ya saturados.
Por todo ello, el Ejecutivo autonómico reclama al Estado responsabilidad, planificación y respeto institucional, así como la puesta en marcha de un plan migratorio serio y coordinado con las comunidades autónomas, que refuerce las vías legales, combata a las mafias y tenga en cuenta la capacidad real de acogida de cada territorio.
Críticas a la falta de garantías y planificación de la regularización masiva
Uno de los aspectos que más preocupa al Govern es la rebaja de requisitos planteada en la propuesta estatal, que permitiría la regularización incluso en ausencia de certificados de antecedentes penales del país de origen, sustituyéndolos por una simple declaración responsable del solicitante.
Según el Ejecutivo balear, esta fórmula elimina garantías básicas, debilita la seguridad jurídica y demuestra una alarmante falta de rigor en una medida de gran impacto social. “No se puede legislar de espaldas a la realidad de los territorios”, señalan fuentes autonómicas.
Extranjería, al límite en Balears
El Govern también ha puesto el foco en la situación crítica de las oficinas de Extranjería, que ya se encuentran colapsadas y con grandes retrasos en la tramitación de expedientes. Esta situación, denuncian, perjudica especialmente a las personas que intentan regularizar su situación por las vías legales, con contrato de trabajo y voluntad de integración.
Desde el Ejecutivo autonómico consideran que se genera así una profunda injusticia: “quien cumple las normas espera durante meses, mientras que quien ha llegado de forma irregular se ve beneficiado por decisiones extraordinarias y sin filtros claros”.
“La integración no se decreta, se construye”
El director general de Immigració i Cooperació al Desenvolupament, Manuel Pavón, ha sido especialmente crítico con la iniciativa estatal. “Mientras en Balears gestionamos la emergencia sobre el terreno, el Gobierno de España debería asumir sus competencias y aportar soluciones reales, no políticas improvisadas que solo aumentan la sensación de inseguridad”, ha afirmado.
Pavón ha subrayado que “la integración no se decreta, se construye con oportunidades reales. Sin vivienda, empleo y recursos suficientes, una regularización masiva solo generará más precariedad y más tensión social. Con esta medida, parece que llegar a Balears de forma ilegal tiene premio”, ha añadido.
El decreto del Gobierno sobre la regularización masiva: claves
El real decreto del Gobierno permitirá regularizar la situación administrativa de entre 500.000 y 800.000 migrantes en situación irregular en España. La medida ha sido pactada con Podemos.
¿Quiénes podrán beneficiarse?
Podrán acogerse a la regularización:
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Migrantes sin antecedentes penales relevantes.
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Personas que se encontraran en España a 31 de diciembre de 2025.
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Que acrediten una estancia mínima de cinco meses en el país.
¿Cómo se acredita la estancia?
La permanencia en España podrá demostrarse mediante:
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Certificado de empadronamiento.
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Informes médicos o sociales.
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Contratos de alquiler.
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Billetes de transporte.
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Justificantes de envíos de dinero.
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Facturas de suministros (luz, agua, teléfono).
Procedimiento y plazos
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La regularización se aprobará mediante reforma del Reglamento de Extranjería, sin pasar por el Congreso.
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El decreto entrará en vigor tras su publicación en el BOE.
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El plazo para presentar solicitudes irá de abril al 30 de junio de 2026.
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La solicitud se podrá registrar en cualquier punto de la Administración Pública, sin depender exclusivamente de Extranjería.
Efectos prácticos de la norma
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La simple presentación de la solicitud suspende expulsiones y retornos administrativos.
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La admisión a trámite concede una autorización provisional de residencia y trabajo.
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Permite el acceso a derechos básicos como la asistencia sanitaria.
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