Casi cuatro de cada diez anuncios de estancias vacacionales en Mallorca carecen de registro oficial. Así lo ha revelado un análisis pionero elaborado por el departamento de Turisme del Consell de Mallorca, que concluye que el 39,5% de los inmuebles detectados en las principales plataformas comercializadoras operan sin licencia.

oferta turística sin licencia

El conseller de Turisme, José Marcial Rodríguez, durante la presentación del análisis pionero sobre oferta ilegal en la isla. Foto: Consell de Mallorca.

El estudio, presentado el conseller de Turismo, José Marcial Rodríguez, supone la primera radiografía real de la oferta ilegal que circula en la isla. Tras un año de trabajo, el equipo de la institución insular ha monitorizado más de 400.000 anuncios en cuatro plataformas, procesando más de 10 millones de datos.

De un promedio mensual de 20.204 publicaciones analizadas, 7.978 corresponden a inmuebles no registrados, que ofrecen un total de 42.342 plazas turísticas ilegales.

Radiografía de la oferta ilegal

Los datos permiten por primera vez trazar un mapa detallado de la situación:

  • Tipología de inmuebles: el 50,9% son viviendas unifamiliares (chalés y villas) y el 47,2% apartamentos en edificios plurifamiliares.

  • Distribución geográfica: los municipios de Palma, Pollença y Alcúdia concentran casi un tercio de la actividad irregular. Por comarcas, la Zona Nord encabeza la lista, seguida por la Mitjorn y la Llevant.

  • Ranking municipal: de los 53 municipios de la isla, 16 aglutinan más del 80% de la oferta no registrada, con Palma a la cabeza.

Una herramienta pionera

El análisis se ha realizado gracias a la contratación de la empresa Talk&Code, especializada en detección y categorización de inmuebles, junto con la colaboración del Observatorio del Turismo Sostenible y otras entidades. Según Rodríguez, este trabajo permite disponer de datos precisos para actuar de manera “más focalizada y eficaz”.

Compromiso contra la ilegalidad

El conseller de Turismo ha reiterado que la prioridad del Consell es proteger a quienes cumplen la normativa y disuadir a quienes operan al margen de la ley:

“No nos vamos a cansar de defender a quien hace bien las cosas, persiguiendo a quien no lo hace”, ha asegurado Rodríguez.

El responsable insular ha insistido en que la lucha contra la oferta turística ilegal no busca una mayor recaudación, sino garantizar la seguridad jurídica del sector, la convivencia en la isla y un modelo de turismo sostenible.