El Govern de les Illes Balears ha alcanzado un Pacto de Legislatura con los sindicatos para mejorar las condiciones de todos los trabajadores públicos de la comunidad. Entre las medidas acordadas, destaca la homogeneización de la indemnización por residencia, un complemento que compensa el sobrecoste de la insularidad y que, a partir de 2026, será igual para todos los grupos de funcionarios y personal laboral. En Mallorca, este plus será de 205,30 euros, mientras que en Menorca y Eivissa ascenderá a 410,60 euros y en Formentera a 615,90 euros.

Bajo el lema ‘Plus d’insularitat ja!’, los sindicatos se movilizaron el pasado 16 de enero. Foto: FECCOO.

El acuerdo ha sido logrado con el consenso unánime entre el Govern y los sindicatos CCOO, SIMEBAL, UGT, CSIF y STEI, representados en la Mesa general del empleado público. El pago de la nueva indemnización se realizará de forma progresiva en tres años, entre 2026 y 2028, aumentando cada año un tercio del total a percibir.

Otras medidas del Pacto de Legislatura

Además de la indemnización por residencia, el pacto incluye otras medidas clave:

  • Recuperación de retribuciones congeladas:

    • Devolución de las cantidades no percibidas desde 2020 en el ejercicio presupuestario de 2026.
    • Abono de los cerca de 150 millones de euros congelados en su momento, tras la sentencia favorable al sindicato STEI del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears.

  • Mejoras en el complemento por incapacidad temporal (IT):

    • Inclusión de la parte proporcional de las guardias del personal sanitario en la prestación por baja médica.
    • Garantía de un ingreso equivalente al 100 % de las retribuciones habituales.

  • Compromiso con la carrera profesional:

    • Convocatoria anual de procesos ordinarios para la obtención de nuevos niveles de carrera profesional.
    • Implementación en el sector público instrumental.

El director general de Funció Pública, Antoni Mesquida, ha destacado que este pacto “supone un reconocimiento a la figura del empleado público y una mejora de sus condiciones laborales, lo que se traducirá en una prestación de servicios públicos más eficiente y de mayor calidad para los ciudadanos”.

El director general de Funció Pública, Antoni Mesquida. Foto: CAIB.